Aravena, Ignacio; Duarte, Maximiliano (2021), “MacroRegiones. Una propuesta para el proceso constituyente”. Fundación Piensa
El proceso constituyente chileno ofrece una inédita oportunidad para repensar las bases institucionales que regirán nuestra convivencia social durante las próximas décadas. Entre los temas de mayor relevancia estarán aquellos que guardan relación con la descentralización, entendida ésta como un proceso de transferencia de poder político, económico y administrativo (o funcional) desde el centro a la periferia.
Las constituciones políticas son instrumentos de distribución del poder. Sin embargo, dicha distribución no se limita a una mera separación horizontal tripartita entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A ello se debe sumar una dimensión vertical que descansa sobre un elemento gravitante: el territorio. Es en razón de esta dimensión que las constituciones reconocen diferentes niveles político-administrativos, asignándoles sus respectivas competencias y, en definitiva, estableciendo los límites físicos donde éstos podrán ejercerlas. Nuestra historia normativa muestra que la actual división territorial no obedece a un marco de acción que tenga a la vista factores cuantificables tendientes a fortalecer los gobiernos subnacionales y propiciar el desarrollo regional. Esta anomalía institucional, que se explica por la tensión política del período en que se redactó la Carta Fundamental y que reconoció un proceso de regionalización sustentado principalmente en razones de seguridad nacional, pone en entredicho un genuino proceso de descentralización que permita equilibrar la exacerbada asimetría de poder entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones.
Por otra parte, es posible advertir que durante los últimos años ha existido una tendencia a la fragmentación territorial, la que fue causada, en parte, por la laxitud de requisitos normativos que supuso la reforma constitucional del año 2005, y que permitió la creación de regiones a través de leyes orgánicas constitucionales sin mayores requisitos de fondo y forma. Como resultado de dicha modificación se crearon las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble.
En la actualidad nuestro país cuenta con 16 regiones. No obstante, la idea de crear otras es un asunto recurrente que generalmente se impulsa bajo el alero de una retórica en favor de la descentralización. Pese a ello, lo cierto es que no existe una relación directa entre descentralización y la creación de unidades de gobierno intermedias. Por el contrario, pareciera que dicho fenómeno no ha hecho más que disminuir el poder específico de las regiones periféricas, aumentando la fuerza centrípeta de la capital en términos de concentración económica y demográfica.
Este escenario además esconde un problema de escala y de focalización que parece no estar siendo advertido por los tomadores de decisión, pero que sí es considerado por la literatura más especializada, esto es, que, para un correcto diagnóstico y despliegue de competencias, instrumentos y programas de aplicación local, se hace necesario definir previamente la extensión de las unidades territoriales en función de diversos criterios demográficos y socioeconómicos, para así maximizar su impacto. En otras palabras, la excesiva atomización del territorio oculta problemas que sólo pueden ser detectados y revertidos a través de una visión panorámica. Existe, entonces, una relación entre división territorial, descentralización y desarrollo regional.
En el marco recién descrito, el siguiente trabajo analiza la importancia constitucional en la ordenación de un proceso de descentralización regional. En un primer apartado se explica la relación que existe entre la Constitución y los procesos de descentralización y organización territorial, a la vez que se describen los factores que sustentan nuestra actual división territorial y político-administrativa. En el segundo apartado se propone una nueva organización territorial en base a siete macrorregiones configuradas de acuerdo a factores empíricos, tales como densidad demográfica, porcentaje de habitantes viviendo en zonas urbanas, proporción de habitantes pertenecientes a pueblos originarios, ingreso promedio autónomo, competitividad y concentración económica, entre otros. En la antesala del proceso constituyente, creemos que una reflexión como la aquí ofrecida puede ser un aporte de cara a las decisiones que el país deberá tomar para impulsar el desarrollo integral durante las próximas décadas, entre las cuales se incluye una nueva división territorial y político-administrativa que permita desencadenar un proceso de descentralización efectivo.
Adjuntos
Links
