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Número 36 / 11 de abril de 2022

¿Quién cuidará la futura Constitución?

BOLETIN DEL MONITOR CONSTITUCIONAL

¿Quién estará a cargo de la Justicia Constitucional en el texto que está escribiendo la Convención Constitucional (CC)? ¿Quién velará por la supremacía constitucional que la CC ya ha adoptado como principio para la nueva Constitución?

La supremacía constitucional implica el desafío institucional de asegurarla. Hay distintas formas de hacerlo. Una es mediante el control vía los recursos de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las leyes. Otra es el control vía el conocimiento y decisión de las contiendas de competencia que se produzcan entre los órganos del Estado, pues estas competencias están distribuidas en la Constitución. Y otra, en fin, es el control del respeto de los derechos constitucionales. A esto último se le denomina función cautelar, propia de acciones como la de amparo y la de protección.

Quizás impulsada por una aguda crítica al Tribunal Constitucional (TC) actual, el segundo y tercer bloque de iniciativas  de la Comisión de Sistemas de Justicia (en la que está radicada esta materia) comprendía transferir la inaplicabilidad e inconstitucionalidad a la Corte Suprema, eliminando el TC. En un importante sentido, era volver a la situación antes de la reforma constitucional de 2005.

Esta propuesta fue rechazada por la misma comisión y en su tercer informe propone crear una Corte Constitucional, distinta a la Corte Suprema, y con un ámbito de competencia que abarca las mencionadas tres formas de garantizar la supremacía constitucional. Esto ocurrió, además, tras haberse aprobado en el Pleno otras normas que suponen la existencia de una justicia constitucional especializada. Por ejemplo, las de Forma de Estado, entre las cuales se encuentra una que dispone que las contiendas de competencia que se susciten al interior del numeroso conjunto de órganos que se están creando, quedan en manos del “órgano encargado de la justicia constitucional”.

¿Cómo se perfila este órgano? Para contestar esta pregunta primero examinamos la forma en que se ha procurado garantizar la supremacía constitucional en la historia de Chile. Luego, la deliberación que, al respecto, ha tenido lugar en la CC. Después nos detenemos en la propuesta de Corte Constitucional que se está discutiendo ahora. Por último, hacemos algunas observaciones.

1 / La justicia constitucional en las Constituciones chilenas 
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El Presidente Eduardo Frei Montalva firma la promulgación de la ley que creó el Tribunal Constitucional. Foto: La Tercera


Los primeros rastros de preocupación por la supremacía constitucional se encuentran en la Constitución de 1833. Ella contempló un cierto mecanismo para su propia defensa. Primero, estableció que el sumo intérprete de la Constitución era el Congreso, el que tenía la atribución exclusiva de: “resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de sus artículos”. También esa Constitución contemplaba una “Comisión Conservadora”, que actuaba durante el receso legislativo. Estaba integrada por siete senadores. Y entre sus tareas estaba la de “velar por la
observancia de la Constitución y de las leyes”.

Y encomendaba a un tercer órgano, el Consejo de Estado, las contiendas de competencia en los siguientes términos: “conocer igualmente en las competencias entre las autoridades administrativas, y en las que ocurrieren entre éstas y los Tribunales de Justicia”.

En cuanto la función cautelar, la Constitución de 1833 reconocía la acción de amparo (habeas corpus) respecto de todo individuo preso o detenido ilegalmente, pudiendo “ocurrir por sí o cualquiera a su nombre, a la majistratura que señale la lei, reclamando que se guarden las formas legales”. La Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales de 1875 le entregó esa competencia a la Corte Suprema.

La Constitución de 1925 rediseñó la orgánica encargada de velar por la Constitución. Centró el control de constitucionalidad de la ley en la Corte Suprema vía un recurso procesal: la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Era un control de carácter represivo y concreto, toda vez que procedía “en los casos particulares de que conozca o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro Tribunal”, pudiendo, para ello, “declarar inaplicable, para ese caso, cualquier precepto legal contrario a la Constitución”. No es, por tanto, un mecanismo de control de constitucionalidad con efectos generales, sólo se limitaba al caso particular.

Asimismo, esa Constitución encomendó a la propia Corte Suprema conocer “las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales de Justicia que no correspondan al Senado”. Las que correspondían al Senado eran las que “se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales Superiores de Justicia” (para más detalle sobre las contiendas de competencia, ver Boletín N°35). Y en materia cautelar, reprodujo en términos similares la normativa sobre habeas corpus de su antecesora.

Por otro lado, la ley encomendaba a la Contraloría General de la República velar por la superioridad de la Constitución, aunque, por su especialidad, sólo en materias de orden administrativo. 

Durante la década de los sesenta surgió en el debate político y académico la necesidad de contar con un mecanismo de control preventivo de constitucionalidad de las leyes con efectos generales o erga omnes, en especial para dirimir los desacuerdos sobre competencias legislativas entre la Presidencia de la República y el Congreso. Así, en 1965, el Presidente Frei Montalva propuso por primera vez un órgano jurisdiccional especializado bajo el nombre de Tribunal Constitucional (TC). La idea, sin embargo, no tuvo mayor recepción en el Congreso Nacional.

Fue recién en enero de 1970, y en virtud de un proyecto de reforma constitucional presentado por el mismo Presidente Frei Montalva, que se creó el TC. Entre sus principales atribuciones se encontraba “resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”. Esto procedía únicamente previo requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional o de más de 1/3 de sus miembros en ejercicio, y siempre que fuera formulado antes de la promulgación de la ley. También podía resolver la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley (delegación del Congreso en el Presidente para que este último dictara una ley sin someterse a tramitación legislativa) y las contiendas de competencia que determinaran las leyes, entre otras facultades. 

El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sin embargo, se mantuvo en manos de la Corte Suprema. De este modo, la defensa de la supremacía constitucional quedó bajo el alero de ambos órganos jurisdiccionales.

Tras el golpe militar de 1973, la dictadura eliminó, mediante el Decreto Ley Nº119, el TC. Sin embargo, resucitó reforzado en la Constitución de 1980. Por ejemplo, se le entregó un control preventivo obligatorio de las leyes orgánicas constitucionales y de las interpretativas de la Constitución -ambas de quórum supramayoritario- como, también, la posibilidad de “declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, y de los movimientos o partidos políticos que promovieran ideologías basadas en la lucha de clases, la violencia, el totalitarismo, o que atentaran contra la familia, así como la responsabilidad de las personas que participen en tales organizaciones”. 

En lo relativo a lo cautelar, junto al habeas corpus, se incorporaron nuevas acciones de tutela como la reclamación de nacionalidad y la más característica de esta Constitución, la acción de protección. Esta última, de competencia de las Cortes de Apelaciones en primera instancia y de la Corte Suprema en segunda, amplió la tutela judicial a una parte importante del catálogo de derechos constitucionales.

Con todo, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se mantuvo, otra vez, en manos de la Corte Suprema. Hasta la reforma constitucional de 2005, la que le entregó al TC dicho recurso y se creó, además, el de “inconstitucionalidad” -permitiendo al TC derogar un precepto legal con efectos generales. De esta manera, se unificó el control de constitucionalidad preventivo y represivo de las leyes en un solo órgano.

De momento, entonces, la supremacía constitucional se garantiza así: inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las leyes, TC; función cautelar, Poder Judicial; y distribución de ámbitos de competencia, Senado y TC. Hasta ahora. Veamos en qué está al respecto la CC.

2 / La propuesta de Corte Constitucional
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Tribunal Constitucional Austríaco, el más antiguo del mundo. Foto: Verfassungsgerichtshof 

Competencias

Una primera propuesta sobre esta materia se presentó tempranamente en la Comisión de Sistemas de Justicia. Con fecha 21 de diciembre del año pasado, un grupo de convencionales presentó una iniciativa que, en un sentido, era una repetición y, en el otro, una novedad (Iniciativa 89-6, ver aquí). La repetición era devolver el recurso de inaplicabilidad a la Corte Suprema, como lo fue hasta 2005. Y la novedad era que la decisión de la Corte Suprema debía ser enviada a la Cámara de Diputados para que modificara o derogara la ley en cuestión “mediante un procedimiento simplificado”. Esta propuesta implicaba no tener un TC y la inexistencia de cualquier forma de control preventivo de la legislación (para un análisis de esta iniciativa, ver seminario ¿Hacia un Consejo Nacional de la Justicia? El gobierno judicial en la nueva Constitución ). La iniciativa, sin embargo, no prosperó.

Un tiempo después, el tercer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia ha propuesto, en cambio, la creación de una Corte Constitucional. Esto mantiene la lógica actual en el sentido de tener un control constitucional en manos de un órgano especializado, de un carácter más bien jurisdiccional. Así se define la Corte Constitucional:

La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, encargado del control de la supremacía de la Constitución, cuyas resoluciones se encuentran fundadas únicamente en razones de derecho”. 

La propuesta, que ahora debe ser considerada por el Pleno, le entrega a la Corte Constitucional el control de las tres dimensiones de la supremacía constitucional que hemos señalado. Conoce de la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de distintas normas, tiene una función cautelar sobre derechos fundamentales y vigila la distribución de ámbitos de competencia. Estas facultades se listan a continuación:

Las facultades enumeradas del 1 al 5 tienen que ver con el control de la supremacía constitucional vía inaplicabilidad e inconstitucionalidad. Las número 6 y 10 tienen que ver con la función cautelar. Y las número 7, 8 y 9 se refieren a la distribución de ámbitos de competencia. La número 11 es una llave de apertura, pues permite que el legislador aumente la competencia de la Corte Constitucional. Esto contrasta con la regulación constitucional vigente del TC, que no la tiene: es taxativa.

Asimismo, llama la atención que no se haya contemplado en este listado la facultad de resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República cuando la Contraloría General de la República lo haya representado por estimarlo inconstitucional. Hubo una indicación al respecto, la N°398, la cual fue declarada incompatible. Hoy se está tratando esto a propósito de la Contraloría. Esta última, al realizar la toma de razón de actos administrativos, podrá representar su inconstitucionalidad, y dicho pronunciamiento “podrá ser reclamable ante el tribunal que señale la ley”. Considerando que se trata de una disputa que involucra la supremacía constitucional entendida como distribución de competencias entre órganos, sería esperable que dicho tribunal sea la Corte Constitucional. 

Integración

Desde el punto de vista de la integración de la Corte Constitucional, el tercer informe propone que esté compuesta por 15 juezas y jueces quienes, siguiendo los criterios de paridad, plurinacionalidad y equidad territorial, deben ser nombrados de la siguiente manera:

  • Un tercio por el Congreso, a partir de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de Alta Dirección Pública. Estas designaciones se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de las y los parlamentarios en ejercicio.
  • Un tercio por la Presidencia de la República, a partir de nóminas de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de la Justicia.
  • Un tercio de entre las juezas y los jueces del Sistema Nacional de Justicia, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares. 

 

Los requisitos para ser juez o jueza de la Corte Constitucional son:

  • Ser abogada o abogado.
  • Tener más de quince años de ejercicio profesional.
  • Ser juristas de reconocida competencia.
  • Ser o haber sido juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, fiscales del Ministerio Público, defensoras o defensores penales públicos, académicas y académicos de universidades acreditadas por el Estado.
  • Pertenecer a distintas especialidades del Derecho.

Cabe destacar que se incorpora un criterio de descentralización en la composición final de la Corte Constitucional, exigiendo que al menos 10 de sus integrantes provengan y hayan ejercido por un mínimo de cinco años en regiones diversas a las Metropolitana. Y, también se incorpora el criterio de plurinacionalidad: al menos dos de sus integrantes deben provenir de pueblos indígenas. 

Por otra parte, se propone la inhabilitación de quienes se hayan desempeñado previamente en cargos de elección popular o que recientemente hubiesen sido candidatas a dichos cargos. Tampoco podrían postular quienes se hayan desempeñado como ministros de Estado u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los seis años anteriores a la elección. De igual manera, no podrán tener alguno de los impedimentos que inhabiliten para desempeñar el cargo de juez del Sistema Nacional de Justicia.

Por último, la duración en el cargo de jueces y juezas de la Corte Constitucional será de nueve años o bien hasta que cumplan 70 años de edad (siguiendo una tendencia presente en las demás propuestas de la Comisión N°6 de reducir la edad máxima desde 75 a 70 años para ejercer funciones judiciales). La renovación de esta Corte se realizará parcialmente cada tres años.

3 / Observaciones
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Lo ocurrido en la Comisión de Sistemas de Justicia en relación con la supremacía constitucional es importante. La primera propuesta hecha al respecto, en el sentido de devolver la inaplicabilidad a la Corte Suprema, era problemática por, al menos, las siguientes razones. Primero, porque entregaba la facultad a una sala de esa Corte integrada para cada caso en forma aleatoria. Esto hubiese dificultado aún más algo ya difícil: generar una jurisprudencia consistente consigo misma. Segundo, porque recargar a la Corte Suprema con la inaplicabilidad significaría distraerla de su tarea principal: ser un tribunal de casación que busque uniformar la interpretación de la ley, no de la Constitución. Tercero, porque dejaba abierta la pregunta por el órgano encargado de las contiendas de competencia, una pregunta para la que hay que tener una respuesta por la cantidad de órganos que se crearán de la mano del “Estado Regional plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas”. La posibilidad de que se generen contiendas entre ellos es cierta. En síntesis, ésta era una propuesta problemática, que parecía más inspirada en la crítica -muchas veces justificada- del TC actual, que en ofrecer una respuesta integral al desafío de la supremacía constitucional.

Este desafío ya está planteado en el borrador de nueva Constitución. Entre las primeras normas aprobadas hace casi un mes por el Pleno está la siguiente:

Artículo 15.- Supremacía Constitucional y Legal. Chile es un Estado fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo. 

Los órganos del Estado y sus titulares e integrantes, actúan previa investidura regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias por ellas establecidos”.

La propuesta de Corte Constitucional que el Pleno debe considerar en estos días configura un punto de partida interesante para enfrentar ese desafío, algo absolutamente necesario para que la democracia en que vivamos sea, al mismo tiempo, un Estado de Derecho.

La propuesta abarca las tres vías por las cuales se busca dicha supremacía: inaplicabilidad/inconstitucionalidad de los preceptos infraconstitucionales, la función cautelar y la distribución de ámbitos de competencia.

En relación con la primera, la propuesta la concibe como una facultad residual o de ultima ratio: “La Corte Constitucional sólo podrá acoger la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, o la inaplicabilidad de un precepto legal, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales”. Ésta es una propuesta interesante, pues incentiva la deferencia que un órgano como éste, necesariamente contra-mayoritario, debe tener hacia el legislador democrático.

Algo inédito en nuestra tradición constitucional es la acción de inconstitucionalidad “por omisión” de medidas legislativas. En este caso, si la Corte Constitucional constata la inconstitucionalidad por omisión, deberá poner en conocimiento la situación al órgano legislativo competente de aquello, a fin de que subsane su omisión, y en definitiva, se adecúe a las formas previstas por la Constitución. A su vez, se observa que ésta última acción atiende a examinar la constitucionalidad de la actuación (o no actuación) de los órganos colegisladores  y no, como el resto de las acciones que se regulan, el contenido mismo de una norma jurídica. Ahora bien, la generalidad con la cual está redactada no ofrece claridad sobre cuándo se produciría este escenario de omisión legislativa constitucionalmente reprochable ¿Qué omisiones? ¿Quién tendrá legitimación para interponer esta acción: cualquier persona, una proporción del padrón electoral, la Defensoría del Pueblo? ¿Habrá sanciones (pecuniarias, suspensión en el cargo) para las y los parlamentarios o Presidente de la República que hubieren omitido legislar? ¿Podrá la Corte Constitucional dictar normas transitorias en el intertanto? De no definir con más precisión estos supuestos, esta acción podría quedar en letra muerta o, peor aún, transformarse en un mecanismo con mucha capacidad de alterar el funcionamiento de la democracia representativa. 

En relación con la función cautelar, la propuesta formaliza una práctica desarrollada por el TC, especialmente a partir de la reforma de 2005, consistente en establecer interpretaciones de un precepto legal que estima conformes a la Constitución. De acuerdo a esta práctica, la aplicación del precepto legal cuestionado no produciría efectos inconstitucionales de seguirse la interpretación que realiza el TC en su sentencia. La propuesta formaliza esta práctica señalando que la Corte Constitucional puede “Pronunciarse sobre la correcta interpretación de los derechos fundamentales en la sentencia que resuelva la apelación de acciones de tutela de derechos fundamentales, cuando el asunto revista especial relevancia constitucional, en la forma que determine la ley”.

Esta función uniformadora de la interpretación constitucional potencialmente reduciría la amplia gama de interpretaciones posibles en materia de tutela de derechos fundamentales, considerando que la misma Comisión de Sistemas de Justicia aprobó otorgar competencia a los tribunales de primera instancia que determine la ley para conocer de acciones de tutela (apelables ante las Cortes de Apelaciones respectivas). Sin embargo, la propuesta sobre la acción de tutela de derechos genera una colisión entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema, por cuanto esta última también podrá resolver sobre estas materias cuando existan “interpretaciones contradictorias sostenidas en dos o más sentencias firmes emanadas de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia”. Es decir, ambas  conllevan el peligro de un “choque de trenes” entre las dos cortes, algo que debería evitarse desde ya en el texto de la Constitución.

Asimismo, la propuesta faculta a la Corte Constitucional para conocer de un recurso especial por vulneración de derechos humanos “interpretados interculturalmente”, en que hayan incurrido las decisiones de la jurisdicción indígena. ¿Quién debe interpretarlos interculturalmente, la jurisdicción indígena, la Corte Constitucional, ambas? La letra de la propuesta no permite responder con certeza. En relación con esto, además, cabe tener presente que el mismo tercer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia confiere a la Corte Suprema la facultad de conocer las impugnaciones deducidas en contra de la decisiones de la jurisdicción indígena. De aprobarse ambas propuestas, es posible que se produzca otro escenario de “choque de trenes” entre estas cortes, cuestión que, repetimos, el nuevo diseño constitucional debería evitar a toda costa. Por otra parte, aquí se presenta un nuevo desafío para la Comisión de Armonización, pues una norma ya aprobada por el Pleno impone el deber a todos los tribunales y funcionarios judiciales de “adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia” cuando se trate de personas indígenas (inciso segundo del artículo 15. Plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad, ver aquí).

Y en relación con la distribución de ámbitos de competencia, la historia enseña que no ha existido una continuidad del órgano competente para conocer los contiendas de competencias entre autoridades estatales. Primero fue el Consejo de Estado, luego la Corte Suprema y el Senado, y hoy este último y el TC. Hoy, la competencia de este último es residual, pues se ha preferido entregar el conocimiento de las contiendas al Senado. Así lo dice la Constitución vigente en referencia al TC: “Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado”. 

La propuesta que debe analizar el Pleno sigue una lógica inversa: señala expresamente las contiendas de competencia que debe resolver la Corte Constitucional. Aquí hay un potencial problema con el informe de reemplazo que la Comisión de Sistema Político ha enviado al Pleno, el cual entrega al Congreso de Diputadas y Diputados la facultad de “conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia”. ¿Quién, entonces, las decidirá? Es importante que el Pleno lo defina ahora, para no sumar un nuevo problema a la futura Comisión de Armonización. Y también es importante que lo decida en el sentido de que la facultad se quede en la Corte Constitucional y no en el Congreso, pues, al ser éste una cámara tan política, probablemente carecerá de la mirada jurídica que la correcta resolución de las contiendas de competencia exige. Por esto, las contiendas deben ir a la Corte Constitucional.

Por otra parte, llama la atención el hecho de que la Corte Constitucional no tenga competencia alguna de carácter preventivo en el proceso de dictación de las leyes. El TC tiene hoy una competencia excesiva, que no se limita sólo a las cuestiones de forma o de distribución de ámbitos de competencia entre la Presidencia de la República y el Congreso como colegisladores, sino que también de fondo, relativas al mérito sustantivo de los proyectos de ley. Esta última es excesiva y muy poco deferente con el legislador democrático. Pero la primera no y, de hecho, fue el principal objetivo del TC creado en 1970. La Corte Constitucional que se propone debería contemplar una facultad equivalente. Las discusiones tenidas en los últimos dos años en Chile sobre la iniciativa exclusiva presidencial en materias tributaria y de seguridad social demuestran la necesidad de un árbitro relativamente imparcial que resuelva esa tensión entre los colegisladores.

Hasta aquí las observaciones sobre la competencia de la Corte Constitucional propuesta. Veamos ahora su integración.

Ésta es más problemática. La redacción de los requisitos para ser juez o jueza de ella podría entenderse como enumerando requisitos copulativos, lo cual haría imposible su integración. ¿Cuántos abogados y abogadas cuentan con 15 años de ejercicio profesional, califican de juristas de reconocida competencia, detentan o han detentado cargos  judiciales y/o académicos, y, además, “pertenecen” a distintas especialidades del Derecho? Y si además a esto se agrega que 2/3 de sus jueces debe provenir y haber ejercido por un mínimo de cinco años en regiones diversas a las Metropolitana, el umbral se vuelve bastante inalcanzable. En el corto plazo, estos requisitos dejarían fuera a una serie de posibles candidatas y candidatos con experiencia judicial que por razones de traslado han ejercido fuera de la Región Metropolitana por cinco o más años, pero que no “provienen” de dicha región. Lo mismo sucedería respecto a quienes sean oriundos de otras regiones, pero que han ejercido en la Región Metropolitana.

Otro cuestionamiento que es posible hacer se refiere a las incompatibilidades de quienes, pese a reunir los complejos requisitos anteriores, se hayan desempeñado previamente en cargos de elección popular o hayan sido candidatas o candidatos, o hayan ejercido cargos de exclusiva confianza del gobierno durante los seis años anteriores a la elección. Tras esta propuesta subyace una razonable desconfianza hacia el uso de los cargos públicos como compensación por el cese de otra función pública o como premio de consuelo tras una derrota electoral. También es una manera de reducir el riesgo de que el gobierno saliente trate de bloquear al entrante insertándole sus partidarios. Pero la forma en que está redactada la propuesta permite leerla con una amplitud excesiva. No hay límites temporales para las personas que ejercieron cargos de elección popular o hayan competido por ellos. Se entiende que no puedan postular a la Corte Constitucional quienes vengan saliendo del Congreso, pero no si salieron en ciclos políticos pasados. Lo mismo con los cargos de exclusiva confianza: el plazo de seis años no tiene relación con el ciclo político, que es de cuatro años. Estas restricciones limitarían aún más el número de candidatos potenciales a la Corte Constitucional, al tiempo que sería un desperdicio de una experiencia en el Estado que puede ser útil a la hora de aplicar la Constitución.

Un último punto sobre la participación del Consejo de la Alta Dirección Pública. Este órgano tiene a su cargo la provisión de altos directivos para la Administración Pública, algo distinto a la preselección de las personas que tendrán a su cargo la supremacía constitucional. Además, tendría que preseleccionar 25 candidatos para que el Congreso seleccione cinco, lo que puede desincentivar la postulación de profesionales competentes y que, por lo mismo, tienen costos de oportunidad relativamente altos.

En síntesis. La propuesta de Corte Constitucional hecha por la Comisión de Sistemas de Justicia es mejor que la primera que recibió sobre supremacía constitucional. El ámbito de competencia de la propuesta es un razonable punto de partida para la consideración del Pleno. Su integración, en cambio, no lo es. Aquí el Pleno tiene un trabajo importante.