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BOLETÍN DEL MONITOR / 18 de octubre de 2021

El enorme desafío de la participación ciudadana en la Convención Constitucional

Número 12

Monitor Constitucional CEP

Desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, distintos sectores políticos del país comenzaron a reclamar por la necesidad de establecer mecanismos de participación ciudadana en el proceso constituyente. No es de extrañar, entonces, el hecho de que uno de los temas que más énfasis dieron los y las convencionales a la hora de discutir los reglamentos haya sido, precisamente, la participación. Ella quedó plasmada en tres reglamentos de la Convención Constitucional (CC): el de Participación Popular, de Participación Indígena y, de una manera más amplia, en el Reglamento General.

En este Boletín del Monitor Constitucional nos centramos en la participación ciudadana, distinguiendo entre la general o popular, por una parte, y la indígena, por la otra. Para su examen, empezamos por la etapa previa a la instalación de la CC, etapa caracterizada por la Ley de Presupuestos 2021: ésta fue la única norma oficial que se refirió a la participación de la CC antes que ésta se constituyera. Luego, analizamos la participación durante la etapa provisoria de la CC. Después, examinamos cómo quedó la participación en sus reglamentos permanentes. Adelantamos un dato: seis órganos se encargan de la participación en la CC. Finalmente, formulamos algunas observaciones.

1 / La Ley de Presupuestos 2021
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La Ley N°21.289 es la de Presupuestos del Sector Público para este año. En el ítem dedicado a la CC, esa ley asignó 500 millones de pesos para “actividades de participación ciudadana y difusión” (Glosa 06). Agrega que estas actividades pueden ejecutarse por medio de convenios con entidades públicas o privadas. Esta es la única norma oficial sobre la materia antes de la CC. Como veremos más abajo, ese monto parece insuficiente para la forma en que la CC se ha venido regulando en materia de participación.

Hace no mucho tiempo, la CC tuvo un aumento presupuestario, desde $6.708.253.000 a $8.820.282.000. Sin embargo, en éste no se incluyó la participación ciudadana. Así, de aquí a fin de año, la CC sólo tiene el monto original de 500 millones de pesos para la participación. Por la forma en que ésta quedó regulada en los reglamentos, parece que va a ser una suma disputada.

De hecho, dos reglamentos mencionan esta cuestión presupuestaria. Uno es de Asignaciones, que, entre los principios para orientar el uso de las asignaciones, incluye el de “Participación y trabajo territorial, para solventar la capacidad de cada convencional constituyente de establecer una relación continua con el territorio y/o pueblo originario al cual se representa (...)” El otro reglamento es el de Participación Indígena, que establece una Secretaría de Participación Indígena. Ella debe “proponer un presupuesto para financiar el proceso de participación y consulta indígena, a la instancia respectiva de la Convención Constitucional, que administre su presupuesto, a fin de que la Convención solicite los respectivos recursos, de acuerdo a las normas e institucionalidad que regulan la Hacienda Pública.”

2 / La participación en la etapa provisoria
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La importancia de esta materia apareció tempranamente en el trabajo de la CC. Las primeras tres comisiones provisorias la contemplaron. Entre ellas, se le encomendó a la de Reglamento proponer al Pleno una regulación que comprendiera “mecanismos de participación popular” y “los mecanismos que aseguren a los pueblos y naciones originarias la participación efectiva, vinculante y continuada, conforme a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. A partir de esta norma básica se introdujo la distinción entre la participación en general e indígena. 

Poco tiempo después, el Pleno creó cinco comisiones provisorias más. Entre ellas, dos fueron dedicadas especialmente a la participación: Participación Indígena y Participación Popular, a fin de que propusieran al Pleno formas de participación en el proceso constituyente.

Asimismo, las ocho comisiones provisorias tuvieron el mandato de llevar a cabo audiencias públicas, a fin de recibir propuestas de la ciudadanía para elaborar sus respectivos proyectos de reglamento. Ellas recibieron un total de 1.200 solicitudes de audiencias públicas, las cuales fueron presentadas por 821 organizaciones y personas naturales. Aún no hay información oficial sobre las audiencias efectivamente realizadas en todas las comisiones provisorias, como se ve en la tabla que sigue: 

Esta es una primera experiencia práctica de la participación ciudadana en la CC. Cabría preguntarse, con todo, cuánto influyeron estas audiencias en las propuestas de reglamento de cada una de las comisiones provisorias. Algunas comisiones mencionan en sus informes datos sobre sistematización e incidencia de la participación que recibieron. Otras, como la de Reglamento, omiten la materia.

Por esto es interesante al respecto el análisis que hace la plataforma de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile “Tenemos que hablar Chile” (ver ese informe aquí). En ella se hace un análisis comparativo de las propuestas presentadas en las audiencias públicas de la Comisión de Reglamento. Sin embargo, el análisis fue hecho antes de la redacción final del proyecto de reglamento de esa Comisión, por lo que no consideró el potencial efecto de las audiencias en él.      

También es interesante el informe ejecutivo que presentó la Comisión de Derechos Humanos ante el Pleno (ver ese informe  aquí el aquí). Éste contiene un anexo con la sistematización de las audiencias públicas y la metodología usada. Sin embargo, sólo trata de las audiencias en las que participaron representantes de pueblos originarios, no las del resto de participantes.

Para esa sistematización, la Comisión de Derechos Humanos contó con la ayuda de diversas instituciones. Como señala su informe, con esto “se buscó (...) que en cada etapa del proceso hubiese a lo menos dos instituciones distintas, para mantener la imparcialidad de los procedimientos y dentro del manejo de los datos”. Estas etapas e instituciones fueron:

  • Transcripción de las audiencias. Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y del Diplomado de Historia, Memoria y Derechos Humanos, ambos de la Universidad de Chile.
  • Validación de estrategia de codificación y análisis. FLACSO-Chile, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) de la Universidad Católica, Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales (NEII) de la Universidad Católica de Temuco,  el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras.
  • Proceso de codificación y análisis. FLACSO, CIIR y NEII
  • Síntesis de información y reporte final. FLACSO, CIIR y NEII.

También se encuentra el informe de la Comisión de Ética (ver ese informe aquí), el cual incluye un apartado que resume las sugerencias de cada uno de los expositores y, en otro, la incidencia que tuvieron en el proyecto final. Para esto último el informe conecta las disposiciones del reglamento con las presentaciones hechas en las audiencias. 

Por último, existe el informe de la Comisión de Participación Indígena (ver ese informe aquí). Éste contempla un resumen de los principales temas presentados en audiencia pública ante ella, vinculando participantes y materias. Sin embargo, no se precisan las etapas ni la metodología usada en la sistematización.

Veamos ahora cómo ha quedado regulada la participación en los reglamentos permanentes aprobados hace poco.

3 / La participación en los reglamentos permanentes
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Como ya se dijo, el Pleno encomendó a dos comisiones provisorias una propuesta de regulación de la participación ciudadana. Ellas generaron dos reglamentos: el de participación popular y el de participación indígena. Sin embargo, es posible encontrar referencias a esta materia en todos los demás reglamentos, aunque, claro, sin la densidad normativa de aquellos dos específicos.

Examinaremos estos reglamentos con algunas preguntas en mente. La primera es sobre el carácter de la participación, en el sentido de si es consultiva o vinculante. La segunda es por quiénes pueden participar o, dicho de otra manera, los sujetos activos de ella. La tercera es más procedimental y pregunta por el momento de la participación en el proceso constituyente. La última es sobre los órganos de la CC que están vinculados con la participación.

¿Consultiva o vinculante?

Ésta es una de las cuestiones más relevantes a la hora de formalizar la participación en el proceso constituyente. Una participación meramente testimonial sería una pérdida de tiempo y recursos. Una que exagere su carácter obligatorio, junto con entorpecer el trabajo de la CC, podría debilitar el carácter deliberativo de ese foro y reducir su notable representatividad. Entre estos extremos, la CC ha optado por tener una participación ciudadana más bien intensa. Esto se vio en los reglamentos provisorios y hoy se ve en los permanentes.

Así, por ejemplo, el Reglamento General ha dispuesto este extenso principio general: “la participación popular incidente y la participación incidente de Pueblos Indígenas y Consulta Indígena”. Define esta incidencia como el “Derecho a participar en la creación y deliberación de la norma constitucional con el fin de generar un impacto real en su debate y aprobación. Lo anterior, sea de forma individual o colectiva, desde todos los sectores, territorios y comunidades del país, con pertinencia cultural y perspectiva de género en las distintas instancias del proceso constituyente”. También consagra el principio de Participación incidente de Pueblos Indígenas y Consulta Indígena como el “Derecho de las naciones originarias a participar en todas las etapas de la creación de la norma constitucional, con el objeto de generar un impacto real en su deliberación y aprobación. Lo anterior, mediante mecanismos de consulta y participación, conforme a los estándares que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales”.

El Reglamento General también regula la manera en que la CC debe hacerse cargo de los resultados de la participación: “(...) terminada la discusión sobre una o más materias y habiéndose efectuado un diálogo razonado sobre las ideas planteadas en el proceso de participación popular en la Convención”. Luego, se refiere a las menciones que en el futuro manden al Pleno con propuestas de normas constitucionales. Las que siguen se refieren a la participación:

  • “La individualización de los informes requeridos, de las personas e instituciones que expusieron ante la comisión y sus iniciativas e indicaciones. Del mismo modo se procederá con las iniciativas convencionales y con aquellas originadas de la participación popular y de la participación y consulta indígena, cuando proceda”.
  • “Una síntesis de las opiniones manifestadas en el debate, incluyendo aquellas referidas a los insumos de la participación”.
  • “La valoración congruente y razonada que, de la participación popular, de los pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente y de niños, niñas y adolescentes, hizo la comisión, indicando las razones para aceptar o rechazar su incorporación en la propuesta de norma constitucional”.

Por su parte, el Reglamento de Participación Popular alude predominantemente a la participación de carácter incidente, pues comienza consagrando el principio de participación incidente y vinculante: “Las distintas visiones manifestadas a través de los mecanismos de participación popular contempladas en este reglamento deberán incidir en el debate de las y los convencionales en los distintos niveles de toma de decisiones que establece el reglamento de la CC”, y prosigue diciendo que la CC “a través de sus Comisiones, deberá rendir cuenta a la sociedad en los informes respectivos de la incidencia de los resultados de los mecanismos de participación en las etapas de la deliberación”.

Además de “incidente”, este Reglamento de Participación Popular habla también de “vinculante”. Si bien ambos términos significan cosas distintas, el reglamento no los define. Suele distinguirse entre ellos por una diferencia de grado. Lo incidente exige que, al menos, se deba incluir una fundamentación y ponderación de los resultados de la participación. Lo vinculante, en cambio, implica afectar necesariamente el debate y creación de las normas constitucionales. Un mecanismo de participación incidente, por ejemplo, sería la iniciativa popular de norma; uno vinculante sería un plebiscito intermedio dirimente. Hasta aquí el Reglamento de Participación Popular. Veamos el de Participación Indígena.

El objetivo del Reglamento de Participación Indígena es “establecer los mecanismos pertinentes, permanentes, vinculantes y continuados de participación y consulta indígenas, que permitan a los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado, presentar propuestas, recomendaciones y establecer acuerdos para ser debatidas en la etapa de deliberación del proceso constituyente (...)”. Pero luego define “vinculantes” de una manera que no parece tan intensa, pues no llega a significar obligatoriedad normativa: “Los acuerdos alcanzados en el proceso de participación y consulta indígena deberán incorporarse en los informes remitidos a las comisiones temáticas y en las propuestas de normas constitucionales sobre derechos individuales y colectivos indígenas que serán sometidas a aprobación conforme a las normas generales”. 

Algo más intensa quedó la participación al ser regulada procesalmente: “La Comisión [de pueblos indígenas] podrá recibir, elaborar, debatir y formular normas e indicaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, sus garantías e instituciones, respetando estrictamente los acuerdos a los que arribe con los pueblos (...) Estas propuestas deberán ser aprobadas por esta comisión conforme a las reglas generales.”

Vale la pena notar que, a diferencia del Reglamentos General y de Participación Popular que ya vimos, el Reglamento de Participación Indígena no usa la voz “incidente” para calificar el procedimiento que regula. Sin embargo, el Reglamento General se aplica supletoriamente al de Participación Indígena, por lo que se puede entender que lo consagra indirectamente.      

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria es amplia. Por ejemplo, el Reglamento General señala:

  • Se debe asegurar la “participación de todas las personas y pueblos, especialmente de grupos históricamente excluidos o invisibilizados, prohibiéndose toda forma de discriminación.”
  • La Convención deberá propiciar la participación popular descentralizada a lo largo de todo el territorio nacional, incluyendo a la población migrante, territorios indígenas y de chilenas y chilenos en el exterior.
  • “(...) participación incidente y efectiva en todo el proceso constituyente, involucrando a todas las personas de los distintos territorios, incluidos los territorios indígenas.”
  • Derecho a participar (...) sea de forma individual o colectiva, desde todos los sectores, territorios y comunidades del país, con pertinencia cultural y perspectiva de género en las distintas instancias del proceso constituyente. 
  • Derecho de las naciones originarias a participar en todas las etapas de la creación de la norma constitucional, con el objeto de generar un impacto real en su deliberación y aprobación (...)”
  • Reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y como actores relevantes dentro del proceso constituyente (...) con fin de (...) garantizar su derecho a la participación, con miras a hacer efectivo su interés superior y respetar su autonomía progresiva.” 

Por su lado, el Reglamento de Participación Popular también hace una invitación bien amplia: 

  • “La Convención deberá propiciar la participación popular a lo largo de todo el territorio nacional y de chilenas y chilenos en el exterior, velando especialmente, por la implementación de instancias presenciales en aquellas zonas rurales, de difícil acceso, extremas y aisladas”
  • Para la implementación de los mecanismos de participación popular, la convención deberá adoptar el conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales para asegurar la igualdad material de género de las mujeres, de las personas de las distintas diversidades y disidencias sexo-genéricas en razón de la existencia de patrones históricos de dominación e invisibilización, con el fin de garantizar una participación real y efectiva en los mecanismos contemplados en el presente Reglamento”.
  • “La Convención deberá garantizar las condiciones para el encuentro igualitario entre grupos e identidades culturales diversas, mediante el diálogo entre diferentes posiciones y saberes, prohibiendo toda discriminación, para lograr la inclusión, respeto mutuo y participación de todas las personas; incluidas las colectividades de personas de la comunidad sorda, migrantes y afrodescendientes”.
  • “La Secretaría Técnica de Participación Popular tendrá las siguientes funciones (...) Diseñar, implementar y velar por el correcto funcionamiento del Registro Público de Participación, en el que se deberán inscribir todas las personas naturales y jurídicas interesadas en participar a través de los mecanismos establecidos en este reglamento”. 
  • “Publicación en la Plataforma Digital y mecanismo de recolección de firmas. Todas las normas propuestas a través de este mecanismo que cumplan con los requisitos establecidos se publicarán en la Plataforma Digital de la Convención, y se iniciará un proceso de recolección de firmas, que operará de acuerdo con las siguientes reglas (...) La iniciativa se podrá apoyar mediante declaración suscrita por personas mayores de 16 años, de nacionalidad chilena, extranjeras con residencia en Chile y chilenos o chilenas en el exterior”. 

Es interesante destacar una peculiaridad del Reglamento de Participación Popular: tiene un título específico para la participación de ciertos grupos que concibe como históricamente excluidos. Cada uno de estos grupos cuentan con apartados con regulación propia, como también, con mecanismos específicos de participación. Los grupos son:

  • Personas en situación de discapacidad y personas sordas.
  • Personas mayores.
  • Niños, niñas y adolescentes.
  • Mujeres y personas cuidadoras de personas con dependencia.
  • Personas de sectores rurales y de difícil acceso.
  • Personas migrantes y personas en condición de refugio y solicitantes de refugio.
  • Personas chilenas residentes en el extranjero.
  • Personas privadas de libertad.
  • Personas de las diversidades sexo-genéricas. 
  • Pueblo tribal afrodescendiente.
  • Personas que habitan asentamientos informales.

Veamos ahora a quiénes invita el Reglamento de Participación Indígena. Ésta, obviamente, es una invitación más específica, pero, dentro de esa especificidad, también es amplia. Abarca a: “los titulares del proceso de participación y consulta indígena serán los pueblos o naciones preexistentes (...) Autoridades ancestrales y tradicionales. b) Comunidades de hecho y derecho, y otras formas tradicionales de organización. c) Asociaciones indígenas. d) Forma de organización indígena con o sin personalidad jurídica. e) Personas naturales que se auto identifiquen como pertenecientes a los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile (...) Se deberá velar especialmente por la participación de niños, niñas y jóvenes indígenas; personas adultas mayores indígenas; personas de zonas rurales y comunidades de borde costero; personas indígenas privadas de libertad y especialmente mujeres indígenas de todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile.”

Los momentos de la participación

Cabe ahora examinar la forma en que está regulada la participación al interior del proceso diseñado para adoptar las normas de la nueva Constitución. ¿Cuál es su oportunidad? ¿Cómo se lleva a cabo?

Empecemos por el Reglamento General. Éste tiene varias disposiciones al respecto. Por ejemplo, la participación está relacionada con la semana territorial que la CC contempla mensualmente. Señala: “La Convención considerará (...) una semana al mes para los efectos del trabajo territorial de las y los convencionales (...) cuya finalidad será materializar y cooperar con la participación popular e indígena, según corresponda (...)” Asimismo, las personas podrán presentar iniciativas a la CC. Se llaman “iniciativas populares constituyentes” presentadas por “la sociedad civil, por los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente y por niños, niñas y adolescentes.” 

Y sigue el Reglamento General: “La Mesa Directiva establecerá el período para la presentación de iniciativas constituyentes (...) Dicho período deberá garantizar que la participación popular sea efectiva, así como considerar el procedimiento completo de integración de las reflexiones de los habitantes de los territorios y los tiempos necesarios para su proceso.” E impone un deber a las comisiones y subcomisiones: “Las comisiones y subcomisiones temáticas deberán abrir un plazo ajustado al cronograma que establezca cada comisión para recibir la participación popular, de los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente y de niños, niñas y adolescentes (...)”

Por su parte, el Reglamento de Participación Popular no estableció las etapas de la participación, pero sí le encomienda a la Comisión de Participación Popular elaborar un cronograma, previa propuesta de la Secretaría Técnica de Participación y ajustándose a las etapas del debate constitucional establecidos en el Reglamento General. Lo que sí regula procesalmente este Reglamento de Participación Popular es el caso de los “foros deliberativos”, un mecanismo específico de participación. Para ellos contempla seis etapas: “Foros Deliberativos. Es un mecanismo de deliberación que consta de seis etapas consistentes en el levantamiento de propuestas a debatir; elección y sistematización de las propuestas recepcionadas; selección aleatoria de los y las participantes del proceso de deliberación representativa; deliberación representativa; sistematización de los resultados; y la incorporación de los resultados en el proceso de deliberación de la Convención Constitucional”. 

Por último, el Reglamento de Participación Indígena dispone que ella será “permanente”: “los mecanismos de participación y consulta indígena estarán presentes durante todo el proceso constituyente”. Sin embargo, acto seguido, el reglamento divide la participación en las siguientes etapas:

Hasta aquí el procedimiento de la participación en los distintos reglamentos. Ahora, los varios órganos que tienen que ver con ella en la CC.

La arquitectura orgánica de la participación

Como con otras materias en la CC, la CC se ha dado para la participación una frondosa arquitectura orgánica. Al menos seis  órganos tienen que ver con ella.

En el Reglamento General se contemplan dos. Uno es la Presidencia de la CC, entre cuyas facultades está la de suscribir convenios o acuerdos con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, a fin de “cada habitante de Chile, o que cada chileno o chilena residente en el extranjero, tenga posibilidades reales de tomar conocimiento de su cometido, como además, realizar propuestas y ser oído u oída”. Asimismo, tiene la función de celebrar convenios cuyo objeto sea informar de sus actividades, “y difundir y promover la participación de la comunidad en ella”.

El otro órgano es la Secretaría de Comunicaciones, Información y Transparencia, que se divide en dos unidades: la Unidad de Educación Cívica y la Unidad de Participación. Sin embargo, esta última carece de regulación en el Reglamento General.

Aunque no es propiamente un órgano, existe el Archivo y Gestión Documental de la CC. Su tarea es de gran importancia: dejar un registro de este proceso constituyente para la posteridad. Para esto, entre otras cosas, debe almacenar toda la información que provenga de “instancias participativas con la ciudadanía”.

Por su parte, el Reglamento de Participación Popular contempla otros dos órganos: la Comisión de Participación Popular, y la Secretaría Técnica de Participación Popular. La primera tiene el carácter de permanente y tiene a su cargo “la dirección y supervisión del diseño e implementación de los mecanismos y metodologías de participación popular y del programa de educación popular constituyente”, a su vez, debe “velar por el cumplimiento de los principios generales establecidos”. El segundo órgano (la Secretaría Técnica de la Participación Popular) es un órgano de carácter ejecutivo, pues tiene por objeto “implementar los mecanismos de participación y del programa de educación popular constituyente, establecidos en el Reglamento de la CC”. Esta última se encuentra bajo la dirección y supervisión de la Comisión de Participación Popular.

Y en materia de participación indígena los órganos son también dos:

  • Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Tiene el carácter de permanente y su función principal recae en: “propiciar, acompañar y velar por un adecuado proceso de participación y consulta indígena y de establecer acuerdos”.
  • Secretaría de Participación y Consulta Indígena. Es un órgano técnico, ejecutivo, y plurinacional, cuya función es la de “diseñar, ejecutar y llevar a cabo la participación y consulta, cumpliendo las recomendaciones que le imparta la Comisión”. Esta Secretaría se encuentra bajo la dependencia de la Secretaría Técnica de la CC y, también, debe cumplir con las órdenes que le imparta la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad.

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Como se ha visto, la participación es una materia protagónica en la CC. Todos los reglamentos la consideran, tiene dos reglamentos específicos sobre ella, y es una materia sobre la que tienen que ver seis órganos.

Eso desde ya implica un desafío importante: coordinarse entre tantos órganos, y entre ellos con la CC. Las definiciones que se usan no son todas iguales y los procedimientos tampoco. Por ejemplo. El Reglamento de Participación indígena dice que su participación es “permanente”, es decir, durante todo el proceso constituyente. El Reglamento General, sin embargo, dice que las comisiones temáticas deben abrir un plazo “ajustado cronograma” para la participación. Esto es coherente con uno de los principios de este reglamento:

“Eficacia. Promoción de procedimientos y metodologías de trabajo públicos, sencillos y expeditos que aseguren el avance progresivo, efectivo y flexible del proceso constituyente, para proponer un texto de Constitución dentro de los plazos establecidos”. ¿Cómo se concilia el carácter “permanente” de la participación indígena con esta cierta premura del Reglamento General?

La intensidad general con que está regulada la participación en la CC hace pensar que se necesitarán recursos. No sólo para que los interesados participen, sino que, especialmente, para registrar su opinión y sistematizarla de una manera que haga, por así decirlo, un sentido constituyente. En el proceso de diálogos constitucionales que impulsó la Presidenta Bachelet en su segundo gobierno participaron alrededor de 200.000 personas. Y su sistematización no fue fácil y tomó tiempo. Ahí hay una experiencia de la que aprender. Y, para hacerse bien, se necesitan recursos. La CC es ambiciosa en materia de participación. Será interesante ver cómo usa los 500 millones de pesos que tiene para este año y, más interesante aún, cuánto recibirá en el presupuesto del próximo año.

Con tanto interés previo y actual en la participación, la CC enfrenta un desafío inmenso. La forma en que se ponga en práctica debe ser funcional a la deliberación de la CC, cuando empezó la cuenta regresiva para producir un texto. Funcional a la deliberación: no debe obstaculizarla, menos aún, reemplazarla.