En esta nueva entrega del boletín del Monitor Constitucional te informamos sobre lo que ha ocurrido en la última quincena en relación con el proceso constituyente en curso. En esta ocasión, comenzamos con un texto de nuestro coordinador académico, Sebastián Izquierdo y nuestra investigadora asistente, Ariadna Chuaqui.
En esta nueva entrega del boletín del Monitor Constitucional te informamos sobre lo que ha ocurrido en el proceso constitucional en curso durante la última quincena. En esta ocasión, comenzamos con un texto de nuestros investigadores Sebastián Izquierdo y Ariadna Chuaqui, sobre la importancia de las elecciones de los Consejeros Constitucionales.
La nueva Constitución aún no está escrita ni definida. Esa es justamente la tarea que tendrá el Consejo Constitucional, cuyos 50 integrantes elegiremos democráticamente este domingo 7 de mayo.
Se ha querido instalar que la propuesta que se discute y redacta actualmente en la Comisión Experta ya es aquella que nos va a regir por las próximas décadas. Pensarlo así es un desacierto.
La tarea de la Comisión Experta es proponer una redacción para no partir de la llamada ‘hoja en blanco’ y así evitar el exceso de entusiasmo de la pasada Convención que llegó a los 500 artículos. Este anteproyecto servirá como una base que guíe la discusión al interior del Consejo, un recurso moldeable sobre el cual las y los consejeros construirán el texto final.
Tras la entrega de esa propuesta, será la responsabilidad del Consejo Constitucional, con plena legitimación democrática dada por las urnas, de modificar, suprimir, sustituir e incluso agregar normas a lo planteado por los expertos. El único requisito es que esas enmiendas respeten los límites demarcados por las doce bases institucionales establecidas para el proceso.
Como lo consigna el Reglamento, aquella labor la realizará en diálogo con la Comisión Experta (ver más abajo infografía), pero la última palabra siempre la tendrá el Consejo. Lo que este determine será lo que se le propondrá al país para su votación. Ellos tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de definir los límites de los poderes del Estado y los principios que guiarán nuestra sociedad a futuro.
Estamos entonces ante un momento decisivo. Tras la fallida Convención, una compleja negociación para no dejar caer el proceso e intensas semanas de trabajo de la Comisión Experta, en pocos días la ciudadanía tendrá una segunda oportunidad para decidir quiénes discutirán y aprobarán una propuesta nueva Constitución. Oportunidad que quizás sea la última en mucho tiempo.
Sin duda, el devenir –exitoso o no– de este nuevo órgano depende, en gran medida, de la próxima votación popular. Exenta de las tensiones de un plebiscito binario y el interés de la ciudadanía, se estima que la participación estará por debajo de los 13 millones de votantes de septiembre pasado, a pesar del sufragio obligatorio. A ello hay que sumar una “fatiga constitucional” producida por el proceso anterior, un cansancio por la avalancha de elecciones de los últimos años y una creciente indiferencia hacia la política. Además, la franja televisiva no ha ayudado mucho. Los partidos perdieron la oportunidad de encauzar y entusiasmar a la ciudadanía al transformar la discusión constitucional en un debate por mayor orden y seguridad con demandas inmediatas. Este vacío en el debate nacional ha replegado la discusión lejos de la ciudadanía.
Pero no basta con que el electorado acuda a las urnas. Es indispensable que los elegidos este 7 de mayo sean capaces y estén dispuestos a actuar de forma concertada bajo el objetivo común de redactar un buen texto. El Consejo operará por 3/5, el umbral que determinarán qué fuerzas lograrán articular mayorías y qué colectivos se verán condenados al testimonio.
El camino para la búsqueda de esos 30 escaños no está pavimentado. Bien lo sabemos a la luz del proceso anterior, en el que el desbalance político impidió al centro jugar un rol relevante. Ahora es indispensable para la elaboración del texto y la legitimidad del proceso lograr conformar mayorías lo más amplias posibles, donde se trabaje en conjunto por propuestas que den estabilidad de largo plazo al país.
Si las fuerzas moderadas salen victoriosas este domingo, ese resultado será el mejor dique para tensiones refundacionales y contrarreformistas. Garantizar una asamblea más dialogante es un imperativo.
El desafío que enfrentará el Consejo Constitucional es enorme. Los elegidos deberán construir un acuerdo que consagre los principios y valores que nos unen y que nos permitirán desarrollarnos en un marco democrático. Y ese éxito comienza con el voto de todos nosotros. De esa opción por darle el mayor de los poderes, el poder constitucional, a quienes buscan unos 3/5 sólidos y constructivos.
Esta es posiblemente la última oportunidad que tendremos de elegir un órgano redactor que nos dote de un marco estable y reconocido, dentro del cual todo el ordenamiento político y jurídico pueda desarrollarse. El Consejo no será una asamblea meramente decorativa o ajena a la deliberación. Al contrario. Ellos tendrán la última palabra de este nuevo intento constitucional. No lo desperdiciemos.
1. Las facultades del Consejo Constitucional
Este domingo 7 de mayo será la elección de Consejeros Constitucionales, tras lo cual el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá un plazo de 30 días para calificar este proceso electoral. Esto explica que deba transcurrir un mes antes que se realice la sesión de instalación del Consejo Constitucional, lo que tendrá lugar el miércoles 7 de junio. En esta primera sesión, el Consejo elegirá a su mesa y recibirá el anteproyecto constitucional preparado por la Comisión Experta.
Según establece la constitución vigente, los Consejeros Constitucionales tendrán la tarea de discutir y aprobar una propuesta de nueva constitución que será plebiscitada el 17 de diciembre. En este trabajo, deberán tomar como base el anteproyecto preparado por los comisionados expertos.
A continuación, te explicaremos de qué manera los consejeros constitucionales pueden modificar el anteproyecto preparado por la Comisión Experta, además de tener la última palabra sobre la propuesta de nueva constitución:
A contar de la sesión de instalación del Consejo Constitucional, sus integrantes tendrán un plazo de 40 días para preparar enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta a fin de suprimir, agregar, sustituir o modificar diversos aspectos de ésta. En esta tarea, los consejeros también estarán limitados por las 12 bases constitucionales del artículo 154 de la constitución vigente.
Luego de la presentación de las enmiendas en el Consejo Constitucional, su contenido será discutido y votado dentro de las cuatro comisiones temáticas (éste organizará su trabajo en subcomisiones en términos idénticos a la Comisión Experta, esto es, en cuatro subcomisiones: a) Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado; b) Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos; c) Principios, Derechos Civiles y Políticos; y, d) Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). Aquellas enmiendas que sean aprobadas por ⅗ de sus miembros luego serán discutidas y votadas en el pleno del Consejo. Para toda esta tarea los consejeros tendrán un máximo de cuatro meses desde su instalación. Esta primera etapa del trabajo del Consejo concluirá con la presentación de su propuesta constitucional a la Comisión Experta.
Una vez que la Comisión reciba la propuesta de texto constitucional, tendrá la posibilidad de formular observaciones al texto que le fue presentado por el Consejo. Estas deberán ser presentadas dentro del plazo de dos días, para luego ser votadas en el pleno de la Comisión Experta. Sólo se entenderán por formuladas las observaciones que conciten el apoyo de ⅗ de los comisionados expertos. Todo este trámite deberá ser cumplido en un plazo de cinco días desde la recepción del texto.
Una vez que el Consejo Constitucional reciba las observaciones de la Comisión Experta, los consejeros tendrán que pronunciarse sobre las modificaciones propuestas por los comisionados expertos a su texto, ante lo cual se pueden presentar tres escenarios:
Las observaciones reciben el apoyo de a lo menos ⅗ de los consejeros en el Pleno del Consejo Constitucional, ante lo cual se entenderán aprobadas.
Las observaciones son rechazadas por ⅔ partes de los Consejeros Constitucionales, ante lo cual se entenderán definitivamente rechazadas.
Las observaciones no son apoyadas por los ⅗ del Consejo Constitucional pero tampoco son rechazadas por ⅔ de sus integrantes, ante lo cual serán remitidas a una Comisión Mixta a cargo de su análisis.
La Comisión Mixta –compuesta por 6 consejeros constitucionales y 6 comisionados expertos– deberá presentar una propuesta de solución a los puntos en que exista desacuerdo entre ambos órganos, para lo cual tendrá un plazo total de cinco días contados desde su instalación. Las propuestas de soluciones sólo podrán ser patrocinadas por los miembros de la Comisión Mixta y se entenderán aprobadas en caso de contar con el voto favorable de los ⅗ de sus integrantes.
Si las propuestas de soluciones son aprobadas por la Comisión Mixta, estas deberán ser votadas en una única votación en el Consejo Constitucional para su ratificación. Excepcionalmente, los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta podrán votarse por separado, en caso de que así lo proponga el propio informe de la Comisión. En ambos casos, las propuestas sólo se entenderán aprobadas por el Consejo Constitucional si reciben el apoyo de ⅗ de sus integrantes. En caso contrario, la propuesta se entenderá rechazada.
Con todo, si la Comisión Mixta no logra alcanzar un acuerdo, deberá notificar a la Comisión Experta para que, en un plazo de tres días, ésta presente una nueva propuesta de solución elaborada por sus integrantes. Luego de su elaboración por parte de los expertos, dicha propuesta deberá ser sometida a una votación –sin posibilidad de admitir enmiendas– por parte del Consejo Constitucional, la cual deberá ser aprobada por ⅗ partes de sus integrantes en ejercicio. Finalmente, si la propuesta de la Comisión Experta no es aprobada por parte del Consejo Constitucional se entenderá definitivamente rechazada.
En cualquier escenario, el Consejo Constitucional deberá someter el texto constitucional resultante a una votación final en la que éste deberá aprobarse en su totalidad por ⅗ partes de sus integrantes. De esta manera, el 7 de diciembre terminará el trabajo del Consejo Constitucional. Aprobada la propuesta, será comunicada al Presidente de la República para que convoque a plebiscito nacional para ratificar la propuesta.
El plebiscito de salida para la ratificación de la propuesta de nueva Constitución se celebrará el 17 de diciembre del 2023.
2. ¿Cuál es el significado del acuerdo del texto aprobado en general?
El hito más relevante de las pasadas semanas fue el ingreso el lunes 17 de abril de más de 900 enmiendas al texto aprobado en general por la Comisión Experta. En estas presentaciones se evidenció un importante contraste: hay capítulos respecto de los cuales se presentaron pocas enmiendas, muchas de ellas de carácter formal (como ocurrió respecto del capítulo sobre Banco Central). En cambio, abundaron las enmiendas sustantivas en capítulos como el relativo a Derechos . En uno y otro caso, luego del ingreso de estas enmiendas las cuatro subcomisiones han estado abocadas a discutir el contenido de las enmiendas, así como a organizar las discusiones y formas de votaciones. En este sentido, las diferentes subcomisiones determinaron que las votaciones de las enmiendas en subcomisión se realizarán sólo una vez que hayan finalizado todos los debates dentro de las mismas.
A propósito de las discusiones sobre las enmiendas, dentro de algunas subcomisiones se produjeron ciertas discrepancias sobre el correcto sentido y alcance del acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas para aprobar unánimemente el texto constitucional en general. En la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, por ejemplo, uno de los comisionados sostuvo que las enmiendas presentadas debían respetar la esencia del texto aprobado en general, ya que los acuerdos logrados en la primera etapa se habían alcanzados sobre la base de ‘compensaciones recíprocas’. En contraposición, otro comisionado señaló que aun a pesar de que los dos capítulos discutidos en dicha sesión –relativos a derechos y medio ambiente– fueron logrados en base a acuerdos, ello no obstaba a que en esta nueva etapa pudieran volver a discutirse las temáticas abordadas en el acuerdo inicial. Una controversia similar tuvo lugar en la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos.
Ambas sesiones evidencian que para un grupo de comisionados el texto aprobado en general representa la clausura de una etapa inicial, cuyo efecto principal es delimitar las alternativas de diseño constitucional respecto de algunas materias sobre las que hubo ‘acuerdos mínimos’. Para ellos, la negociación constitucional debería continuar respecto de aquellos temas sobre los cuales no se alcanzó acuerdo, como ocurrió respecto de nacionalidad o estados de excepción constitucional (según se reconoció en la subcomisión de principios, derechos civiles y políticos). En contraste, para los restantes comisionados el acuerdo debe entenderse únicamente como el comienzo de una negociación, amparándose en una interpretación del artículo 62 del Reglamento que permitiría aprobar modificaciones, adiciones o supresiones al texto aprobado en general en caso de contar con el apoyo de ⅗ de los votos de la Comisión.
3. Novedades introducidas vía enmienda
Luego de revisar la admisibilidad de las enmiendas propuestas al texto aprobado en general, estas fueron compiladas en comparados con respecto de cada texto de los capítulos ya aprobados y luego enviados a las diferentes subcomisiones para su discusión de acuerdo a una distribución temática.
A continuación, te presentamos algunas de las novedades presentadas vía enmienda en materia de derechos fundamentales. Acá mostramos derechos nuevos que han sido introducidos al texto, que son nuevos con respecto del texto constitucional vigente y con respecto del texto aprobado en general en primera instancia.
4. Elección de Consejeros Constitucionales
El próximo 7 de mayo se celebrará la elección de Consejeros Constitucionales para elegir a los cincuenta integrantes del órgano que redactará la nueva constitución de Chile. Estas votaciones se celebrarán recurriendo a un sistema de voto obligatorio, el que también regirá en las elecciones futuras. Esto significa que, de no concurrir a votar, la persona podrá ser objeto de una multa.
Esta votación se realizará utilizando las circunscripciones electorales del Senado, con un mecanismo especial de corrección por paridad. Cada región tiene un determinado número de representantes y los electores deberán votar por solo un candidato, tal como lo muestra la siguiente imagen:
Mapa de Chile con expresión de circunscripciones electorales y los escaños que asignan
En las elecciones se podrá elegir entre candidatos de cinco propuestas electorales. En primer lugar, los pactos electorales Chile Seguro (UDI, RN y Evo), Todo x Chile (PPD, PR, DC) y Unidad para Chile (FA, PC, PS, PL). A ellos se suman la lista del Partido de la Gente (PDG) y el Partido Republicano (PRep), que participan fuera de pacto. Por otro lado, también hay dos candidatos que compiten para ser electos en los cupos supernumerarios asignados a pueblos originarios, en circunscripciones de carácter nacional. Puedes revisar cada uno de los candidatos de tu región en la página web del Servicio Electoral (Servel).
Recuerda revisar en la página web del Servel tu domicilio electoral, ya que este podría haber cambiado a partir de la ley que busca privilegiar la cercanía de tu local de votación respecto del domicilio electoral declarado.
En la Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, expresaron que las próximas semanas continuarán en la discusión de los capítulos III sobre “Representación política y participación” y IV sobre “Congreso Nacional”, para luego seguir con el resto de los que le corresponde a la subcomisión.
En la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, señalaron que esperan avanzar en el debate de las enmiendas presentadas al capítulo II de “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”.
En la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, se programaron sesiones para debatir sobre las enmiendas referidas a los capítulos de “Ministerio Público”, “Corte Constitucional” y “Poder Judicial”.
En la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, se espera que la próxima semana continúe con el debate específico sobre acciones constitucionales.
Finalmente, el próximo domingo 7 de mayo se realizarán las elecciones del Consejo Constitucional. Luego de esto el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) procederá a calificar la elección y proclamar a los candidatos electos.
En este boletín, queremos recomendarte los siguientes seminarios:
“Proceso constitucional y partidos políticos: ¿cómo abordar este desafío?”, instancia en la que contamos con la presencia de Samuel Issacharoff, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Nueva York y con los comentarios de los comisionados expertos Gabriel Osorio y Juan José Ossa.
Además, en los próximos días, organizaremos las siguientes actividades vinculadas con el proceso constituyente:
Conversación de la primatóloga Isabel Behncke con Leda Cosmides, psicóloga evolucionaria, sobre “Tribus políticas: evolución y sociedad”, en el primer encuentro del ciclo “Ciencia y Humanidad”. Lunes 8 de mayo, 18.30, en el auditorio del CEP (Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia). Inscripciones aquí.
“Entendiendo el 7 de mayo: análisis y proyecciones de los resultados electorales para el Consejo Constitucional”, instancia en la que la coordinador de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, expondrá sobre los resultados de la elecciones de consejeros constitucional, con los comentarios de Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo, y Loreto Cox, economista y socióloga. Martes 9 de mayo, 9.00, en el auditorio del CEP (Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia). Inscripciones aquí.
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