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N°59 / 03 de julio de 2023

Algunos aspectos de seguridad en el anteproyecto

En esta nueva entrega del boletín del Monitor Constitucional te informamos sobre lo que ha ocurrido en la última quincena en relación con el proceso constituyente en curso. En esta ocasión, comenzamos con dos columnas de nuestros investigadores Juan Luis Ossa y Eugenio García-Huidobro

BOLETÍN DEL MONITOR CONSTITUCIONAL
cuarto de círculo turquesa

Boletín N°59 – 03 julio 2023

En esta nueva entrega del boletín del Monitor Constitucional te informamos sobre lo que ha ocurrido en el proceso constituyente durante la última quincena.

En esta entrega te traemos dos columnas sobre seguridad en la Constitución, escritas por Juan Luis Ossa y Eugenio García Huidobro, investigadores CEP.

Lee ambas entregas a continuación:

 

 

 

1. Participación ciudadana y la carrera por la aprobación de iniciativas populares de normas

Junto con el trabajo de las comisiones del Consejo Constitucional, se están llevando a cabo diferentes instancias de participación ciudadana para contribuir al proceso constituyente. El artículo 99 del reglamento, señala que estos mecanismos son: (a) iniciativa popular de norma, (b) audiencias públicas, (d) diálogos ciudadanos deliberativos  y la (d) consulta ciudadana. Como ya señalamos en el Boletín N°58, el pasado 21 de junio se cerró el plazo para proponer iniciativas populares de norma y solicitar audiencias públicas. Hasta el 7 de julio se podrán llevar a cabo diálogos ciudadanos y contestar la consulta ciudadana.

INICIATIVAS POPULARES DE NORMA (IPN)

Actualmente es posible apoyar las iniciativas propuestas que fueron previamente declaradas admisibles. Las iniciativas populares de norma son propuestas de enmiendas a artículos del anteproyecto preparado por la Comisión Experta que han sido sugeridas por la ciudadanía mediante la plataforma digital [LG1] que dispuso la Secretaría de Participación Ciudadana. Este es el único mecanismo de participación ciudadana que, de acuerdo con el artículo 153 de la Constitución vigente, debía considerar necesariamente el proceso constituyente en curso.

Cada petición indica cuáles artículos del anteproyecto se buscan modificar, la propuesta de modificación, sus fundamentos y la individualización de sus autores (los que fueron validados mediante Clave Única).

El 22 de junio se hicieron públicas las más de 1.300 iniciativas que ingresaron a la plataforma. Aquellas iniciativas que hasta el 7 de julio logren a lo menos 10.000 apoyos provenientes de 4 o más regiones serán debatidas por el Consejo Constitucional.

La mayoría de las iniciativas presentadas tratan asuntos relativos al capítulo de Derechos y libertades fundamentales (515 iniciativas). Entre las restantes, destacan iniciativas presentadas respecto del capítulo de Fundamentos del Orden Constitucional (193 iniciativas), de Protección del Medio Ambiente (111 iniciativas) y Gobierno y Administración del Estado (111 propuestas).

Al cierre de este boletín se han computado 200.008 apoyos a iniciativas. Faltando sólo cuatro días para el cierre del proceso participativo, tan solo 4 iniciativas han superado el umbral requerido para ser discutido en el Consejo: Con mi plata no – protejamos nuestros ahorros previsionales (13.827 apoyos), Chile por los Animales (13.116 apoyos), Por un Estado sin pitutos (11.507 apoyos) y Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno (11.829 apoyos).

 

(Actualizado lunes 3 de julio a las 10 am. Puedes ver la gráfica en mayor detalle haciendo clic aquí)

 

Se observa una disminución del 58,5% en las iniciativas populares de normas disponibles en comparación con el proceso participativo de la Convención Constitucional (2022), en el que hubo un total de 2.496 IPN disponibles para ser apoyadas. De este universo tan solo 78 superaron el umbral requerido de 15.000 firmas. En dicho proceso se contabilizaron alrededor de tres millones de preferencias realizadas a las distintas propuestas disponibles. 

De las 78 iniciativas de normas que fueron sometidas a la deliberación de las distintas comisiones de la Convención Constitucional, 34 de ellas fueron aprobadas en general por la comisión correspondiente, 7 fueron parcialmente aprobadas, 41 fueron rechazadas y una fue considerada inadmisible (Ver  Secretaría de Participación Popular, Cuarto Informe de Incidencia de las Iniciativas Populares de Norma en el borrador de la Nueva Constitución. 26 de mayo de 2022).

Las iniciativas populares de norma que en esta ocasión llevan más apoyo ciudadano son:

(Actualizado lunes 3 de julio a las 10 am. Puedes ver la gráfica en mayor detalle haciendo clic aquí)

 

¿Cómo llegan las iniciativas populares de norma a discutirse en el Consejo Constitucional?

A continuación, te explicamos el procedimiento que deben seguir todas las iniciativas propuestas para que sean discutidas en el Consejo Constitucional. 

(Puedes ver la gráfica en mayor detalle haciendo clic aquí)

 

¿Cómo apoyar una iniciativa?

Para apoyar una iniciativa debes ingresar a la plataforma digital dispuesta por la Secretaría de Participación Ciudadana, en la que encontrarás todas las iniciativas publicadas. Para facilitar la búsqueda por temas, podrás utilizar el motor de búsqueda disponible en el inicio de la página web.

 

 

Cada iniciativa individualiza a su autor, el artículo del anteproyecto que se propone modificar y cómo quedaría éste en el texto final en caso de ser aprobada, cuántos apoyos lleva y qué organización proponme (en caso que corresponda). Para apoyar la iniciativa debes hacer clic en el recuadro de Apoyar.

Para apoyar una iniciativa la plataforma requerirá de un proceso de autentificación a través de la Clave Única. Recuerda que sólo puedes apoyar hasta 10 iniciativas distintas.

OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las audiencias públicas tienen como objetivo permitir a representantes de comunidades o grupos de interés solicitar ser recibidos en una audiencia para expresar su opinión sobre un tema relacionado directamente con el anteproyecto. El plazo para solicitar una audiencia finalizó el 21 de junio y se recibieron un total de 1.841 solicitudes. Entre los días 30 de junio y 1 de julio, se llevarán a cabo las audiencias de manera simultánea en diferentes universidades del país. Con posterioridad, entre el 3 y el 7 de julio se realizarán otras audiencias ante el Consejo Constitucional. Durante el proceso anterior, se llevaron a cabo aproximadamente dos mil audiencias públicas.

Los diálogos ciudadanos deliberativos son encuentros auto-convocados en los cuales pueden reunirse ciudadanos a conversar y discutir el anteproyecto. El resultado de los encuentros se podrá remitir el registro del encuentro a la plataforma digital de la secretaría de participación. El registro de estos diálogos será recibido en dicha plataforma hasta el 7 de julio. Una vez transcurrido dicho plazo, los resultados serán sistematizados y entregados al Consejo Constitucional para su consideración en las deliberaciones.

Por último, la consulta ciudadana consiste en una encuesta en línea en la que las personas pueden expresar su opinión sobre el anteproyecto de la Comisión Experta. Dichas respuestas serán analizadas y entregadas al Consejo Constitucional para su consideración en la discusión de las normas. El plazo para participar a través de la encuesta es hasta el 7 de julio.

Plazos mecanismos de participación ciudadana

2. Estado social y democrático de derecho, y subsidiariedad: la discusión entre expertos y consejeros en la comisión de Principios constitucionales

Durante las últimas dos semanas el Consejo Constitucional ha continuado analizando el detalle del anteproyecto presentado por la Comisión Experta. La discusión se ha realizado durante las sesiones de las cuatro comisiones temáticas del Consejo. Dichas sesiones se han estructurado en torno a la exposición de los comisionados expertos sobre los distintos capítulos del anteproyecto, para luego dar lugar a las preguntas de los consejeros constitucionales que son respondidas por los mismos expertos.

El lunes 19 de junio tuvo lugar la tercera sesión de la comisión de ‘Principios, Derechos Civiles y Políticos’. A propósito del capítulo primero sobre Fundamentos del Orden Constitucional, en ella se discutió la compatibilidad entre el Estado social y democrático de derecho, y el principio de subsidiariedad.

Carmen Montoya (REP) preguntó sobre el significado del concepto de Estado social de derecho y cuál sería su compatibilidad con el principio de subsidiariedad.

Por su parte, el consejero Fernando Riveros (PC) preguntó si existirían consecuencias jurídicas a partir de la incongruencia que existe entre la base del artículo 154 de la Constitución vigente (que deben ser respetadas por todos los actores del proceso) según la cual el borrador constitucional deberá establecer que “Chile es un Estado social y democrático de derecho” y la disposición del anteproyecto que dice que el “Estado se organiza” de esta forma (artículo 1.2 del anteproyecto). Por otro lado, Riveros (PC) señaló que el conjunto de normas que configuran el actual orden público económico se basa, en su opinión, en el modelo de Estado subsidiario. De esta manera, el consejero sugirió que para avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho también se debería modificar aquel conjunto de normas. Éste señaló que ellas deberían incluir, por ejemplo, un deber de contribución tributaria, una regulación que promueva la progresividad y un principio de justicia tributaria. Enfatizó que se debería fortalecer el rol del Estado en materias económicas, especialmente en asuntos relacionados con los derechos sociales, económicos y culturales. A su juicio, no se puede hablar de un Estado social y democrático de derecho si se mantiene el orden público económico de la actual constitución.

En respuesta, el comisionado experto Carlos Frontaura (REP) señaló que el Estado social y democrático de derecho debe entenderse en el contexto del principio de subsidiariedad. En su opinión, sin subsidiariedad no se podría hablar de un Estado social de derecho sino simplemente de un Estado de bienestar. En este sentido, el comisionado proporciona como ejemplo a Alemania e Italia, que construyeron su Estado social en base a las relaciones que las personas construyen en la sociedad. Por otro lado, en respuesta a la pregunta sobre las bases constitucionales planteadas por el consejero Riveros (PC), indicó que hay otras bases que tampoco fueron recogidas textualmente, lo que no implica que no hayan sido respetadas. Finalmente, el comisionado Frontaura señaló que es compatible la noción de Estado Social y Democrático de Derecho con la de orden público económico, en tanto no sería posible un orden político como el Estado Social sin antes reconocer principios y derechos como la propiedad que brinden certezas y seguridad en materia económica.

El comisionado Lovera (RD) también intervino a partir de la pregunta de la consejera Montoya (REP), sobre cómo se entendió y qué extensión quiso dársele a la cláusula de Estado Social. En la pregunta sobre la compatibilidad entre Estado social y subsidiaridad, Destacó que buscaron crear una constitución flexible que permita a las mayorías electorales implementar las cláusulas constitucionales a medida que son electas, asumiendo así la responsabilidad política de sus planes de gobierno. Para ayudar a dar luces de interpretación, Lovera (RD) agregó y explicó que el anteproyecto buscó establecer por ejemplo que las prestaciones sociales como la salud, la educación y la seguridad social, puedan ser proporcionadas tanto por proveedores públicos como privados, en consonancia con las bases constitucionales. Sin embargo, habría quedado abierta la discusión sobre el marco regulatorio específico y el modelo de provisión de cada uno de estos en términos de la participación de entes públicos y privados, por lo que será el legislador quien deba zanjar aquellas discusiones.

En relación con lo expuesto sobre orden público económico, Lovera (RD) coincidió con Frontaura (REP). Expresó que, si bien existen similitudes entre el lenguaje del anteproyecto y la regulación constitucional actual de la Constitución, no se puede pretender entenderlas de la misma manera cuando se enmarcan en un Estado que se organiza como social y democrático de derecho.

 

3. Audiencias dentro del Consejo Constitucional

En el Consejo han continuado las audiencias públicas en las que distintas autoridades y académicos han sido invitados a comentar sobre diferentes aspectos del anteproyecto. A la fecha se han realizado alrededor de 60 presentaciones, de las cuales destacamos las siguientes tres:

Corte Suprema

El viernes 30 de junio el Presidente de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes y el ministro Leopoldo Llanos expusieron ante el Pleno del Consejo Constitucional. En su presentación, Llanos valoró positivamente el que se haya mantenido el título de ‘Poder Judicial’ en el capítulo respectivo del anteproyecto constitucional, así como también el esquema de separación de las funciones no jurisdiccionales que actualmente recaen sobre la Corte Suprema, permitiendo esta que se aboque a las funciones jurisdiccionales.  Con relación al gobierno judicial, los magistrados valoraron la creación de cuatro órganos autónomos a cargo de los nombramientos, disciplina, formación y administración de recursos, junto con la creación de una entidad coordinadora de carácter consultivo. Indicaron asimismo que consideraban positivo que estos órganos sean compuestos mayoritariamente por jueces.

En relación a los puntos que podrían mejorarse del anteproyecto, los magistrados señalaron que es necesario crear un órgano de gestión y apoyo administrativo para los cuatro órganos que propone el anteproyecto. Llanos advirtió que esta regulación necesita complementarse, ya que la división propuesta podría generar algunas complejidades prácticas y logísticas. En otras materias, se expresó la necesidad de reconocer constitucionalmente qué tribunales forman parte del Poder Judicial.

Contraloría General de la República

El jueves 29 de junio el contralor general Jorge Bermúdez expuso ante la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos para analizar las normas del Capítulo XI del anteproyecto constitucional.

En su presentación abordó la historia de la Contraloría, sus funciones, la importancia de que esta sea una institución constitucionalmente autónoma, el control que existe sobre la Contraloría y una serie de apreciaciones respecto del anteproyecto. En opinión del contralor el balance respecto del texto del anteproyecto es positivo. Entre los temas destacados en la presentación, sobresalieron medidas para consagrar de manera adecuada la autonomía de la Contraloría y el reconocimiento constitucional del rol de la misma en el control de la probidad en el ejercicio de la función administrativa.

Carmen Le Foulon: investigadora y coordinadora del Área de Opinión Pública CEP

La coordinadora de opinión pública del CEP expuso el miércoles 28 de junio ante la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional. Dentro de la presentación, la investigadora abordó materias de paridad de género en el sistema electoral.  Expuso principalmente las causas de la sobrerrepresentación de los hombres en la política, las consecuencias negativas en términos de eficiencia y justicia que tiene esta práctica y las distintas medidas que se pueden tomar para hacerse cargo de estos problemas en términos de mecanismos y temporalidad a nivel  de normas.

 

  • Este miércoles 7 de julio termina el plazo para participar en las iniciativas populares de norma y en la consulta ciudadana sobre el anteproyecto.
  • El próximo lunes 17 de julio concluye el plazo para que los consejeros constitucionales presenten enmiendas al anteproyecto de la Comisión Experta.

En esta edición, te recomendamos la intervención de Carmen Le Foulon, investigadora y coordinadora de Opinión Pública del CEP, en la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado del Consejo Constitucional, en la cual abordó materias de paridad de género en el sistema electoral.

Puedes revisar su intervención aquí.

 

También te invitamos a revisar la visualización interactiva sobre el nuevo proceso de iniciativas populares de norma en carrera para ser consideradas por el Consejo Constitucional, realizada por el grupo C22. Esta presenta las iniciativas, sus apoyos, los capítulos a los que hacen referencia y su contenido en detalle. Esta visualización fue preparada por Juan Rozas, Pablo Henríquez y Aldo Mascareño con datos del C22 y la Secretaría de Participación Ciudadana.

 

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